El Carmen, 23 de enero 2024.
Durante los últimos años, en Chile, se ha establecido una agenda de iniciativas en distintas localidades de nuestro país. Esta agenda, que considera en muchos casos la ejecución de grandes proyectos económicos, los cuales, si bien es cierto tienen una mirada de aporte al desarrollo, no siempre tiene en cuenta el impacto social de su implementación.
Este tipo de acciones, tristemente, no es nuevo en nuestro país (recuerda usted el célebre caso de Petorca) no obstante en la actualidad presenta una nueva condición por cuanto la industria productiva, a vista de que han sido casi acabados los recursos hídricos en la zona central de nuestro país producto del sobre otorgamiento de derechos de agua, ha estado migrando hacia zonas geográficas que tradicionalmente dedican sus procesos a labores del campo. Es producto de este proceso de cambio y migración de actividad productiva, que Ñuble ha sido una de los territorios con el crecimiento más significativo en el cultivo de frutales de las últimas décadas pero esto, tiene un costo.
Este lunes 22 de enero, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de ñuble, presidida por el Delegado Presidencial y compuesta por los distintos Seremis de la Región aprobó el polémico proyecto Embalse Zapallar, pero, ¿Qué implica este proyecto?
Si se consulta la ficha del proyecto en la Dirección General de Concesiones, se indica en la descripción del proyecto que esta iniciativa: “Considera la construcción de un embalse ubicado en el Río Diguillín, con capacidad para inundar 424 hectáreas. La nueva obra consiste en un embalse frontal con muro de enrocados y/o gravas permeables con una pantalla de hormigón en su talud de aguas arriba (CFRD). Con una altura de muro de 85 metros y una longitud de coronamiento de 430 metros, se estima que el embalse cubrirá una superficie de riego de 10.000 hectáreas, beneficiando a mil predios aproximadamente.”
Seremi de Agricultura de Ñuble, Antonio Arriagada
Este mega proyecto, según quienes apoyan la iniciativa, no solo beneficiará en términos de crecimiento económicos a la región, sino que además, promete que; “El proyecto tiene también un componente social, puesto que el 85% de los recursos hídricos irán directamente a los pequeños y medianos agricultores. Una hectárea de terreno, es igual a una acción de agua. Los impactos positivos son mayores que los negativos. Con este embalse, la región avanza para convertirse en una real potencia agrícola, que nos potencie la seguridad agroalimentaria nacional y regional. Sin duda que el impacto positivo será mucho mayor”, explicó el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, no obstante, hay quienes creen que esto no es así.
Consultado por los principales intereses económicos tras el proyecto y si es tan real que beneficiará a pequeños propietarios, el académico de la Universidad del Biobío Alexander Panez apunta a la conformación de lo que sería un nuevo pacto hidrosocial donde el sector empresarial busca ordenar los intereses y normar el tipo de agricultura en la región de ñuble. “Cuando uno concentra agua, concentra riego uno concentra también poder. Este tipo de agricultura que se está potenciando es vinculado a la agro exportación y a lo frutícola, plantaciones de cerezos, arándanos y avellano europeo sobre todo, entonces cabe preguntarse si está beneficiando a todos y todas, o está beneficiando más a unos que a otros” se cuestiona el académico.
En el caso de la Región del Ñuble y la cuenca del Río Diguillín, Alexander señala que “Hay una especie de elite local agrícola vinculados principalmente al sector exportador. Hay un discurso en la prensa para que Ñuble sea una potencia agroexportadora, y el tema del agua es un pilar fundamental de eso, construir esta narrativa en torno a la importancia del agua para este tipo de agricultura exportadora y no para la agricultura familiar campesina que se dedica a la soberanía alimentaria”.
Alexander comenta que “cuando empezamos a evaluar si esto es para todos y todas, al revisar los proyectos de riego, que se entregan a través de la Comisión Nacional de Riego por la ley 18.450 de la dictadura justamente para beneficiar el salto agroexportador, vemos que cada vez van aumentando los recursos hacia la región de ñuble pero la cantidad de beneficiarios no aumenta, los montos han saltado de manera exponencial pero vemos que eso no se condice con que aumente la cantidad de beneficiarios, entonces vemos que se está entregando más dinero pero a las mismas personas” concluye.
Alexander Panez, Académico Universidad del Biobio
“Una muestra de esto, es que los 50 derechos de aprovechamiento entregados con mayor caudal, suman un 31% del total de caudal entregado (1829.47 l/s de un total de 5900.61 l/s), representando sólo un 6% de los 836 derechos de agua solicitados. Es decir, el 6% de los derechos otorgados desde el 1993 al 2019, concentra el 31% del caudal total entregado hasta esa fecha” constata un artículo de investigación recientemente publicado en la revista en línea Tecnología y Ciencias del Agua.
Pese a que el discurso oficial apunta al riego para seguridad alimentaria nacional y regional, desde la zona afectada indican que hay una gran incertidumbre sobre quienes serían los reales beneficiados con este embalse. Más aún, lejos de potenciar la soberanía alimentaria, apuntan a que los reales intereses tendrían que ver con la agroindustria exportadora, principalmente frutícola. Además de priorizar a los empresarios que ya contaban con derechos de agua de la cuenca del Diguillín.
Hoy por hoy, el proyecto entró en una nueva fase de aprobación pero desde la comunidad han indicado que no bajarán las manos en pos de la protección del rio Diguillín. Esta postura de oposición al proyecto, que antes se reducía a un pequeño número de familias sin voz y agrupaciones ambientalistas, ha sumado adherentes en San Ignacio y El Carmen, que incluso, han realizado manifestaciones en la vía pública.
Esta historia, aun no acaba.